FMI y un acuerdo de baja condicionalidad

La marcha para cerrar un acuerdo con el FMI antes de mayo podría tener algunos registros adicionales. Uno que comienza a mensurarse por estas horas entre los responsables de llevar la negociación adelante del lado argentino es la posibilidad de que el acuerdo con el FMI tenga una consistencia “light”, es decir que, en términos de las metas cuantitativas y objetivos estructurales acordados, las condicionalidades sean flexibles. Esto depararía una doble suerte al Gobierno: por un lado, incrementa la posibilidad de cumplimiento en el largo plazo. Por otro, la viabilidad política en el corto.



Los trabajos tendientes a alimentar el diseño de este escenario no son sorpresa. Si bien lo han planteado en las últimas horas aquellos analistas y brokers que siguen de cerca la negociación y que mensuran la trayectoria política del Gobierno para este 2021, año electoral, hace tiempo que, entre las alternativas existentes, esta variante forma parte del “manual de procedimientos” que Guzmán lleva bajo el brazo.


Informate másGuzmán mantuvo un encuentro con directivos del Banco Mundial antes de reunirse con el FMI

A priori, se trata de un escenario que no es de difícil representación para el imaginario colectivo: un acuerdo “tradicional” con el Fondo (y sus condicionalidades correspondientes) podría contraponerse con los grados de libertad necesarios para asegurar un buen resultado electoral para la Casa Rosada.

Sabido es que el acuerdo buscado por Argentina (Extended Fund Facility) es un programa con plazos de repago de 10 años, distribuidos en 12 cuotas semestrales de amortización con un periodo de gracia de hasta 48 meses. A ese registro se le agrega otro, una gestión adicional, que podría buscar una extensión de hasta 20 años para el repago, pero algunas fuentes sostienen que esto resulta bastante difícil de lograr porque las condiciones de las líneas de préstamo del FMI se encuentran determinadas estatutariamente.

Según la consultora Delphos Investment, actualmente ocho países tienen un acuerdo EFF por un total comprometido de u$s21.365 millones aproximadamente. La refinanciación argentina alcanza casi los u$s46.000 millones, equivalente a más de dos veces ese monto y comenzaría con pagos de capital en 2025 y hasta 2032 o 2033 aproximadamente.

Ahora bien. Las metas que usualmente contienen este tipo de acuerdo son de dos tipos: metas cuantitativas y objetivos estructurales. En las metas cuantitativas se incluyen objetivos consensuados de déficit fiscal, acumulación de reservas, crédito del banco central al gobierno, y dependiendo del régimen de política monetaria, metas de inflación o crecimiento de agregados monetarios, entre otros. El dato es que más de la mitad de los programas del Fondo entre 2011 y 2017 han incluido también metas mínimas de gasto social. Para Delphos, “esto daría una mayor consistencia a la política económica del gobierno sin descuidar el aspecto social”.

Dentro de los objetivos estructurales, se incluyen mejoras en diversos aspectos como el manejo de la deuda pública, la independencia del Banco Central, reformas en la administración impositiva, el control del lavado de dinero, etc. Según el organismo, el número de objetivos ha ido en aumento desde 2011 reflejando los crecientes desafíos de los países. Es destacable que los plazos de implementación acordados pueden ser de varios años, sin requerimientos en el corto plazo. De todas maneras, esta parte del acuerdo quizás sea el menos atractivo en términos políticos de cara a las elecciones.

Es importante mencionar que varios países que han ingresado en acuerdos EFF (Ucrania, Grecia, Ecuador, Barbados) han reestructurado su deuda pública como parte de las metas. Argentina ya realizó su reestructuración el año pasado y no tiene vencimientos importantes con bonistas privados en el mediano plazo. De esta manera un acuerdo con el Fondo resulta menos urgente.

“Antes o después de las elecciones, el Acuerdo con el FMI será “light” en términos de las metas cuantitativas y los objetivos estructurales acordados”, señalan en Delphos. “El acuerdo cerraría el ciclo de normalización con los acreedores externos y mejoraría las expectativas inflacionarias, ya que bajo el programa EFF, los primeros pagos de capital comenzarían en 2025 para finalizar luego de 2030, brindando 5 años de aire financiero para mejorar el desempeño económico y social.

La historia demuestra que las condiciones externas son claves en este camino, junto con políticas que aprovechen las oportunidades que nos brinda el contexto”, señalaron.

En la misma línea se manifestó el economista Eduardo Levy Yeyati entrevistado por Ámbito: “Creo que apunta a un programa “ligth” con escasa condicionalidad. Es lo que el FMI propone cuando no hay acuerdo para hacer reformas pero el país necesita tiempo para repagar. Hoy el Gobierno precisa dólares frescos, pero esto requiere presentar un programa fiscal sostenible que hoy no tiene. Igualmente, no es obvio que encuentren la letra de ese “no-programa”. Según Yeyati, “la discusión se centrará en metas fiscales y de reservas que aseguren la sostenibilidad según el criterio del FMI, el Gobierno propondrá medidas para alcanzar esas metas y el FMI dirá si las ve viables. Dado el contexto, los dos tienen incentivos para acordar, con vistas a una revisión en el futuro”.